Los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Monclova rompieron el silencio. Tras una sentencia judicial firme, exigen a Ricardo Gutiérrez, expresidente del organismo, que pague los 3.5 millones de pesos que desvió durante su administración. La petición es clara: que cumpla y evite ir a prisión.
Humberto Prado, actual presidente de la CMIC, fue enfático: “No buscamos verlo tras las rejas, lo que queremos es que el dinero regrese a donde pertenece. Es de todos los socios y es vital para el funcionamiento de la cámara”. La declaración refleja una intención de resolver el conflicto sin recurrir a medidas extremas.
Aunque la ley exige que el pago se haga en una sola exhibición, los empresarios han mostrado disposición para aceptar otros acuerdos. “Si tiene propiedades que puedan cubrir la deuda, estamos dispuestos a recibirlas. Lo importante es que se repare el daño”, añadió Prado. El objetivo es cerrar esta herida sin que termine en tragedia personal o institucional.
El proceso judicial contra Gutiérrez duró más de dos años, tiempo en el que se demostró que sustrajo recursos de la organización empresarial. La sentencia ya no tiene vuelta atrás, y el riesgo de que acabe en la cárcel es real si no cumple con la reparación del daño en los términos que marca la ley.
“Esto no es venganza. Es justicia. Lo que queremos es que responda como debe hacerlo un exdirigente que tuvo nuestra confianza”, dijo uno de los socios que prefirió mantenerse en el anonimato. Aseguran que están abiertos al diálogo, pero que no pueden seguir esperando indefinidamente.
El llamado público refleja una mezcla de preocupación y urgencia. No solo se trata del dinero, sino de restaurar la confianza en una institución clave para el desarrollo de la región. La pelota está en la cancha de Ricardo Gutiérrez: si paga, cierra el caso; si no, la cárcel podría ser inevitable.
