Las diferencias entre lo autorizado judicialmente y lo reportado por el síndico obligan al tribunal a requerir aclaraciones bajo apercibimiento de sanción.
El proceso de quiebra de Altos Hornos de México volvió a colocarse bajo la lupa judicial luego de que el Juzgado Segundo de Distrito detectara discrepancias importantes en los informes presentados por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, encargado de supervisar y reportar cada movimiento financiero de la empresa.
El primer hallazgo irregular surgió en el informe correspondiente a mayo-junio de 2025. El síndico reportó ingresos por $5,846,365.00 derivados de un contrato de cuenta corriente entre AHMSA y MINOSA, pero no informó egresos, lo que encendió alertas sobre posibles omisiones en la descripción del flujo de recursos.
La juez también detectó una diferencia notable en la información sobre la venta de bodegas de la compañía. Aunque el tribunal había autorizado la operación por $40 millones, Aguilera reportó ingresos por $42,871,867.00, sin detallar el origen de la variación. Esta falta de coincidencia obligó al juzgado a ordenar aclaraciones puntuales.
En un acuerdo reciente, la juez instruyó al síndico a aclarar todas las inconsistencias detectadas, otorgándole plazos que van desde 24 horas hasta tres días según el punto observado. El requerimiento incluye un apercibimiento claro: en caso de incumplimiento, se impondrá una multa de 120 UMA.
El documento también certifica la identidad de quienes han firmado digitalmente los escritos y oficios relacionados con el procedimiento, entre ellos representantes de Cargill, Caterpillar, Graftech, Komatsu, Maquinas Diesel, RBA Opportunities y tribunales laborales de Coahuila. Sin embargo, estos registros quedan en segundo plano frente a la prioridad que ahora tiene la revisión de los informes del síndico.
Además, el juzgado confirmó que se desahogó la vista del recurso de revocación promovido por RBA Opportunities y negó la regularización solicitada por la empresa. Con ello, el proceso sigue avanzando, pero con mayor presión sobre la administración del concurso concursal.
La certificación firmada por la secretaria Verónica Ceballos Martínez deja en evidencia que el tribunal vigilará con mayor rigor cada operación, especialmente en un caso donde la transparencia financiera es indispensable para los acreedores y la comunidad afectada por la caída de AHMSA.
