Asociación de Padres de Familia pide priorizar la protección de los alumnos sobre el prestigio institucional
La Asociación Nacional de Padres de Familia advirtió que el Colegio Guadalupe Victoria de Monclova podría incurrir en responsabilidad legal si se confirma que impidió reportar casos de acoso escolar y violencia emocional. Las omisiones, señaló el presidente estatal Javier Castillo, podrían constituir un delito por encubrimiento.
Las declaraciones surgen luego de que exempleadas del plantel señalaron no sólo despidos arbitrarios, sino también la supuesta prohibición para canalizar denuncias a instancias como la PRONNIF. Según sus testimonios, la madre superiora del colegio habría ordenado no informar sobre dos situaciones delicadas detectadas por docentes.
“Esto no es un tema de reglamentos internos o de religión. Es un asunto legal. Si un menor fue vulnerado y la escuela no lo reportó, está incurriendo en una falta grave que puede ser sancionada por una autoridad ministerial”, expresó Castillo en entrevista para La Voz.
Explicó que cualquier institución educativa, pública o privada, tiene la obligación de informar cuando hay sospechas de maltrato o bullying. “No pueden guardar silencio por cuidar el prestigio de la escuela. La prioridad siempre debe ser la salud física y emocional de los alumnos”, afirmó.
También subrayó que una vez que una denuncia aparece en medios de comunicación o redes sociales, la Secretaría de Educación tiene la obligación de intervenir. “Con que se haga público, deben actuar de oficio, pedir informes y verificar lo que ocurre en el plantel”, indicó.
El dirigente llamó a los padres de familia del Colegio Guadalupe Victoria a organizarse y formar su sociedad de padres. “Toda escuela debe tener representación ante la Secretaría de Educación. Esa figura puede pedir auditorías, revisar procesos y proteger los derechos de los niños”, añadió.
Hasta el momento, las autoridades del colegio no han emitido postura oficial sobre las denuncias. Sin embargo, la Asociación de Padres de Familia sostiene que no se puede permitir que el silencio institucional pese más que el bienestar y la seguridad de los menores dentro del aula.
