Ya no es solo un reclamo en las calles ni una consigna en pancartas. Ahora es una acción legal concreta: trabajadores y ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) presentarán una denuncia penal contra Alonso Ancira Elizondo y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Los acusan de ser responsables directos de graves violaciones a derechos laborales, civiles y humanos. Tras más de 30 años de promesas rotas, despojos sistemáticos y corrupción institucionalizada, buscan justicia por el daño causado a generaciones de obreros no solo de Monclova sino de varias regiones en el estado.
El documento, que será entregado ante la Fiscalía General de la República, fue firmado por Servando Treviño Guzmán y Juan Ervey Valenzuela, quienes tienen el mismo sentir de cientos de familias. En él, se exige iniciar una carpeta de investigación por la privatización irregular de AHMSA y el abandono total de sus trabajadores.
“Nos arrebataron no solo nuestro trabajo, nos arrebataron nuestra dignidad, nuestros ahorros, nuestro futuro. Hoy, después de años de lucha, vamos por justicia”, señala la denuncia. Se trata de un testimonio colectivo, cargado de dolor, angustia, coraje, impotencia y hartazgo, que hoy busca tener eco en las instituciones.
La venta de AHMSA en 1991 es descrita como una operación fraudulenta. Según los denunciantes, la empresa fue entregada a Grupo Acerero del Norte por apenas 145 millones de dólares, pese a que su valor real era superior a los 4 mil millones. Todo con respaldo del Gobierno federal en turno y que encabezaba Carlos Salinas de Gortari.
Acusan que la operación fue parte de una política sistemática de desmantelamiento del patrimonio nacional. De las más de 390 empresas paraestatales que se privatizaron durante el sexenio de Salinas, pocas dejaron una herida tan profunda como la de AHMSA.
Desde su llegada, Alonso Ancira instauró un modelo de control represivo, aseguran. Eliminó derechos laborales, intimidó a trabajadores y operó con un sindicato patronal que jamás defendió los intereses de la base obrera. La voz de los empleados fue acallada durante años.
Pero la indignación creció con los años. Desde enero de 2023, los trabajadores dejaron de recibir sueldos y prestaciones. Son más de 100 semanas sin salario, aguinaldos ni seguros. A eso se suma el desfalco del Fondo de Ayuda Mutua, que dejó a cientos de familias en la miseria.
“Nos dejaron sin dinero, sin derechos, sin futuro. Solo nos queda la ley y vamos a usarla”, expresan. Algunos han vendido hasta sus casas, otros han tenido que migrar. La desesperación por alimentar a sus hijos los llevó del silencio al activismo y ahora, a la lucha legal.
El 25 de junio de 2023, cansados de la impunidad, tomaron las plantas siderúrgicas 1 y 2. Su objetivo: impedir que maquinaria y bienes fueran saqueados. Acusan que esos equipos serían usados como garantía para pagar deudas inexistentes, todo con aval de un síndico judicial.
Hoy, con la quiebra inminente de la empresa, los trabajadores quieren que se conozca toda la verdad. Piden a la FGR actuar conforme a derecho, con base en los artículos 21 y 102 constitucionales, y las leyes penales aplicables. No buscan venganza, quieren justicia y reparación.
El acto legal representa más que una denuncia: es el eco de una clase trabajadora que ya no quiere ser pisoteada. Es la memoria de un país industrial herido por políticas neoliberales. Es también la esperanza de que esta vez, los poderosos sí rindan cuentas.
La historia de AHMSA, marcada por fortunas privadas construidas sobre los escombros de sueños obreros, podría dar un giro. Lo que comenzó como una carta a la Fiscalía, se perfila como un juicio histórico. Por dignidad, por justicia, por el derecho a no ser olvidados.
