Ciudad de México, 28 de octubre de 2025.
El drama legal de Altos Hornos de México (AHMSA) suma un nuevo e incierto capítulo. Lo que debería ser el paso final –la venta de sus activos para pagar deudas y liquidar la empresa– se ha topado con un muro judicial. La pregunta ya no es cuándo se venderán los bienes de la acerera, sino quién tiene el poder final para decidir cómo y a qué precio.
La incertidumbre se debe a un inédito acuerdo que ha puesto en pausa todo el proceso. La jueza a cargo del concurso mercantil ha elevado una consulta crucial al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM). Es una especie de “llamada de auxilio” legal para desentrañar el alcance de su propia autoridad.
El Dilema de la Toga y la Balanza
En el centro del debate está el Artículo 205 de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM), que permite al síndico (el administrador de la liquidación) proponer la venta de los bienes. La duda que paraliza la operación es: ¿hasta dónde llega la autoridad de la jueza para revisar esa propuesta?
- Opción A: La Mano Ligera. La jueza solo debería revisar que el papel cumpla con los requisitos formales de la ley. Es decir, que se respete la forma, dándole al síndico gran autonomía para la venta.
- Opción B: La Revisión Profunda. La jueza no solo revisa la forma, sino el fondo, y tiene la facultad de modificar la propuesta si considera que viola “disposiciones de orden público”, como el interés social o la legalidad, incluso si los acreedores están de acuerdo.
Esta “encrucijada” no es un simple tecnicismo. Es la diferencia entre una venta rápida con una supervisión mínima, o una venta rigurosamente tutelada por la justicia para asegurar que no haya afectaciones que trasciendan la simple relación entre deudor y acreedores.
Los Días de la Esperanza en Suspenso
Para las miles de familias de Monclova y la región centro de Coahuila que dependen directa o indirectamente de la reactivación o liquidación de AHMSA, este limbo legal es una fuente de frustración. Cada día de retraso es un día más de incertidumbre económica y social.
Para resolver este nudo gordiano y “dar celeridad”, el IFECOM ha sido requerido para emitir su opinión consultiva en un plazo de ocho días.
Hasta que el Instituto no defina si la jueza es una mera validadora o una tutora con poder de modificación, la llave para la venta de los activos –el motor clave de la liquidación– permanece colgada en el aire. La resolución del IFECOM no solo impactará el final de AHMSA, sino que sentará un precedente sobre el equilibrio de poderes en todos los grandes concursos mercantiles de México.
